Las revisiones de precios del bus de los barrios rurales y múltiples expropiaciones, los fallos más gravosos

La mayor parte de las decisiones de los jueces están pendientes de recurso, por lo que se retrasará el pago

El Ayuntamiento de Zaragoza sumó a lo largo del año 2014 sentencias que suponen un coste para el erario de más de 18 millones de euros, sin contar los fallos con pequeñas cuantías, los intereses de demora o las costas. Expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones impagadas, indemnizaciones diversas amenazan en los próximos años en convertirse en una losa más para las delicadas arcas municipales.

Estas sentencias, salvo una, no son firmes, por lo que están pendientes de que se resuelvan los recursos judiciales, circunstancia que retrasará el pago. De los más de 18 millones de euros, algo más de la mitad corresponden a expropiaciones, uno de los problemas de la economía local que más ha crecido en los últimos años por infradotación de los presupuesto municipales para pagar los costes de la adquisición de suelo: no en vano, para este ejercicio solo se han previsto 4 millones para este concepto. De los 9,6 millones  sentencias contrarias por expropiaciones, 2,9 se corresponden con una sola sentencia, sobre la que además no cabe recurso judicial. Se trata de la ocupación de varias fincas afectadas por el proyecto de recuperación de las riberas en el triángulo de La  Almozara, que se impulsó con motivo de la Expo 2008. Además, hay otros 5,3 millones de euros en fallos judiciales vinculados a terrenos ubicados en esta zona de la ciudad, aunque en estos casos están pendientes de recursos de casación. El conflicto por las revisiones de precios del servicio de autobús de los barrios rurales ha supuesto la cuarta parte de los costes derivados de las sentencias judiciales del año 2014. En concreto, el pasado mes de diciembre, las concesionarias del servicio ganaron un pleito al Ayuntamiento por las revisiones de precios de 2010 y 2011, que se sumaban a las sentencias que por el mismo motivo obligaron a abonar 1,8 millones por los años 2008 y 2009. En total, esta decisión judicial supuso 4,6 millones de euros y el Consistorio apeló al Tribunal Superior de Justicia. Como ocurre en el caso de las expropiaciones, la partida presupuestaria, que prevé 6 millones, es insuficiente para sufragar tanto los costes del servicio en 2015 como los varapalos judiciales.

Entre las sentencias, hay varias referidas a obras municipales. Por ejemplo, la construcción del cuartel de la Policía Local, en La Paz, ha llevado aparejadas dos fallos judiciales: uno de 262.705 euros por intereses de demora vinculados al retraso en el pago de las certificaciones y otro de 573.349,91, relacionado con los sobrecostes que supusieron unas lluvias torrenciales que se produjeron durante la construcción o la presencia en la parcela de una línea de media tensión. Otra sentencia de algo más de un millón de euros llegó en 2014 por una permuta de suelos para reformar varias calles (Heras, Fraga, río Cinca y Ensanche), acondicionar la carretera de Garrapinillos y construir la rotonda del Espartidero en Santa Isabel. En este caso, la contratista reclamó la resolución del contrato por el retraso del ayuntamiento en transmitir las parcelas, así como el pago en metálico de 5,2 millones, aunque finalmente la cifra se ha quedado en 1,08.

Entre las resoluciones judiciales, figura la que obliga a abonar 832.509 euros en compensación a la adjudicataria del parquin de la Romareda. O una más reciente, que resuelve el conflicto de las obras de la Villa Expo. En este caso, el coste es de más de un millón de euros. Aunque se ha recurrido al Supremo, el propio Ayuntamiento asume que la reclamación tiene pocos visos de prosperar. Este pleito es llamativo, porque en primera instancia el Consistorio fue condenado a abonar 560.594,11 euros . Pero tras recurrir, se  sumaron otros 486.922,18 euros. Este asunto entronca con la estrategia del gobierno socialista de recurrir la práctica totalidad de las sentencias que le supongan costes, entre otros motivos para retrasar el pago. El PP ha sido muy crítico, dado que los gastos y los intereses de demora se acaban disparando por culpa de procesos que duran años. Es más, el citado grupo municipal ha exigido que antes de presentar un recurso judicial haya un informe que aclare su viabilidad.

4.605.544,14 millones

El juez dio la razón a las contratistas en su exigencia de las revisiones de 2010 y 2011.

Nuevo fallo judicial en favor de las empresas

Este conflicto tiene antecedentes. Ya en 2012 se dictaron hasta 8 sentencias favorables a las concesionarias del transporte a los barrios rurales por las revisiones de precios de 2008 y 2009, por valor de más de un millón. En diciembre pasado, se sumaron las de 2010 y 2011, que suponen 4,6 millones. El Consistorio defendió que esos precios debían ser menores, dado que se estaban calculando por encima de lo que se abonaba por las líneas del área metropolitana. Pero el juez sostiene que hay acuerdos que sostienen la reclamación.