A condición de que Asintra decida lo mismo antes de noviembre

El proceso de fusión entre las principales patronales del sector a nivel nacional, Fenebús Y Asintra, sigue su curso. El último paso ha sido la decisión tomada por los empresarios asociados a Fenebús en la Asamblea General celebrada ayer en un conocido hotel madrileño, que han aprobado la disolución a finales de año de la federación, a condición de que Asintra realice el mismo proceso antes de noviembre de este año.

“En caso contrario, en ese mismo mes y según los estatutos aprobados durante su creación,Confebús será disuelta y cada federación continuará su camino por su lado”, señala un comunicado. En este último supuesto, Fenebús tiene previsto iniciar un proceso de renovación y modernización que incluirá un nuevo equipo directivo y otros cambios que aún están por decidir.

Juan Calvo, presidente de la patronal, ha sido el encargado de explicar la nueva situación durante su discurso y ha repasado los principales problemas que aquejan al sector y que ha dividido en tres bloques. En el primero ha agrupado las dificultades relacionadas con los concursos dependientes del Ministerio de Fomento. En este apartado ha recordado a la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, que ha estado presente en la clausura, que la Administración Central aún tiene pendiente la publicación del ROTT, la necesaria promulgación de una ley de financiación del transporte urbano, un plan de modernización de las estaciones de autobuses y la mejor de la accesibilidad de las mismas.

El segundo bloque de su intervención ha estado dedicado a la competencia desleal que realizan otros modos de transporte como el ferrocarril. Al respecto ha subrayado que “la Administración lleva años sin dedicar partidas presupuestarias a nuestro sector, frente a los miles de millones invertidos en otras modalidades como la Alta Velocidad y Cercanías”.

Finalmente, Calvo ha repasado también la actividad de la federación en Bruselas, donde tiene planteada una queja contra Renfe por supuesto abuso de posición dominante, ayudas de Estado y violación de la normativa de transparencia en las relaciones entre los estados y sus empresas públicas. España respondió a Bruselas a finales de junio de 2015 con un amplio escrito, cuyos argumentos están siendo estudiados actualmente por los servicios de la Comisión, ya que el retraso producido en la resolución de este asunto obedece a los cambios en el equipo encargado de su estudio.