Un auto ordena la ejecución provisional del 50% de un fallo que condenaba al Consistorio a abonar 4,6 millones y que estaba recurrido.

Las contratas de este servicio acumulan 13 sentencias a favor por el conflicto de las revisiones de precios

ZARAGOZA. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 acaba de ordenar al Ayuntamiento de Zaragoza el pago, en el plazo de tres meses, de 2,3 millones de euros a las empresas contratistas del autobús a los barrios rurales. Se trata de un auto de ejecución provisional de una sentencia del pasado mes de diciembre que condenaba al Consistorio a abonar 4,6 millones por las revisiones de precios de 2010 y 2011 y que los letrados municipales habían decidido recurrir.

El conflicto judicial con las concesionarias del transporte a los barrios rurales es viejo. El motivo es la negativa del Ayuntamiento a aceptar los cálculos de las revisiones de precios de 2008, 2009, 2010 y 2011. Entre sentencias en primera instancia y apelaciones, ya hay 13 fallos favorables a las empresas. Respecto a los años 2008 y 2009, se dictaron ocho sentencias, de las que tres devinieron en firmes al no ser recurridas, que sumaban 1,8 millones. De las cinco apeladas, en cuatro casos ya se ha dado la razón a las empresas, representadas por el letrado Clemente Sánchez-Garnica.

Por otro lado, en diciembre hubo sentencia respecto a los años 2010 y 2011. El juez admitió la pretensión de las compañías (Samar Buil, Alosa, Ágreda y Automóviles Zaragoza) de cobrar 4,6 millones. El Ayuntamiento recurrió y las compañías acudieron a los tribunales para exigir la ejecución provisional de la sentencia.

Retraso del TSJA

Según explica el juez en su auto, que da la razón parcialmente a las concesionarias, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón puede tardar «dos o tres años» en resolver la apelación, circunstancia que se convierte en un argumento a favor de la ejecución provisional de la sentencia. «No se aprecia una razón de peso general para no otorgar a la parte recurrente que ha visto reconocida su posición jurídica en la sentencia dictada en este proceso la inmediata efectividad de sus derechos », dice el auto.

El magistrado admite que los 4,6 millones solicitados son «una cantidad importante, lo que puede provocar cierta dificultad de tesorería en el Ayuntamiento de Zaragoza». No obstante, añade que también para la empresas «es igual de importante poder disponer de dicha cifra con celeridad».

En este sentido, sostiene el juez en su auto, «lo que no cabe es llegar a la conclusión, sobre la base de que los entes locales tienen dificultades financieras, de que se debe eliminar por completo la ejecución provisional». Tras admitir que no hay «una solución fácil» en este caso y recordar que ya se han resuelto apelaciones que dan la razón a las empresas, el juez opta por una solución salomónica.

«Parece prudente llegar a una solución intermedia para evitar que la ejecución provisional genere más dificultades de las precisas », dice el auto, para limitar el pago a 2,3 millones de euros, el 50% de los 4,6 que reclamaban las empresas concesionarias. Deja fuera la reclamación de intereses de demora.

El auto judicial no es firme, por lo que cabría apelación. No obstante, fuentes jurídicas consultadas indicaron que el Ayuntamiento no ha presentado recurso. Según el auto, el pago se debe producir en un plazo de tres meses y las empresas deben depositar un aval para que en el caso de que en segunda instancia se dé la razón al Consistorio , puedan devolver el dinero. Hoy está previsto que el grupo del PP pregunte en la comisión de Economía sobre la situación judicial y presupuestaria en la que se encuentra el servicio de bus a los barrios rurales.

La partida de transporte sigue arrastrando problemas para atender todos los gastos

Ni el autobús urbano ni el que da servicio a los barrios rurales tienen fondos suficientes, por lo que habría que modificar el presupuesto

ZARAGOZA. Las decisiones judiciales siguen comprometiendo la partida de transporte urbano, destinada para abonar el servicio de autobús urbano y para los barrios rurales, así como el tranvía. Y eso que el Ayuntamiento ya elevó sus previsiones iniciales (de 44,1 a 49,3) ante la constatación de que la partida estaba infradotada.

Hay que tener en cuenta que la contratista del autobús urbano  Auzsa, ya advirtió durante la tramitación del presupuesto que el Ayuntamiento no había incluido los fondos suficientes para atender los gastos del transporte. De hecho, dijo que faltaban 8 millones de euros. Finalmente el gobierno municipal solo elevó la partida en 5,2 millones de euros. Con esa cantidad no se podrán atender ni los 8 millones que, según Auzsa, faltan para la contrata del bus urbano ni los 2,3 que de momento deben servir para abonar el 50% de las  revisiones de precios de 2010 y 2011 para el transporte a los barrios rurales.

Pero además están pendientes de pago las sentencias vinculadas a las revisiones de precios de 2008 y 2009. En este contexto, el Ayuntamiento solo tiene tres opciones. O aplica recortes en el servicio, o deja las facturas sin pagar (en los cajones) o modifica el presupuesto, reduciendo las previsiones para otros gastos.

El Ayuntamiento tampoco ha previsto en sus presupuestos el pago de 23 millones en certificaciones pendientes a Tuzsa, la anterior concesionaria del transporte urbano (hay que tener en cuenta que una sentencia ya le dio la razón a la empresa y el Consistorio decidió recurrir). Tampoco hay una estimación para la liquidación de aquella contrata, todavía pendiente dos años después de su finalización y que sigue a la espera de cuantificación